“La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en la Legislación en Costa Rica”

Abstract

Con la promulgación de la Ley N. 9699, sobre "Responsabilidad de las Personas Jurídicas en Casos de Cohechos Domésticos, Sobornos Transnacionales y Otros Delitos" en Costa Rica, se ha producido un cambio de trascendental importancia en el panorama jurídico del país, específicamente en lo que respecta a las sanciones de naturaleza penal. A lo largo de la historia, el derecho penal ha sido un campo dominado por el principio de responsabilidad subjetiva, que establece que solo las personas físicas pueden ser objeto de sanciones penales. No obstante, durante las últimas décadas, ha surgido un debate constante en torno a la apremiante necesidad de imponer sanciones de carácter penal o cuasi penal a las personas jurídicas que son utilizadas por sus representantes, apoderados o gerentes para cometer una variedad de delitos, incluyendo cohechos domésticos y sobornos transnacionales. Esta investigación se erige con el propósito central de ahondar en los fundamentos doctrinales que sustentan la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas, independientemente de la responsabilidad penal subjetiva. En otras palabras, busca entender por qué se ha considerado necesario extender la responsabilidad penal más allá de los individuos y hacia las entidades jurídicas que operan en la sociedad. Además, se abordará el análisis de la responsabilidad penal o administrativa que podría surgir en relación con la persona física que comete actos delictivos, así como las responsabilidades que podrían recaer en órganos administrativos que operan de manera independiente de la jurisdicción penal. En consonancia con este enfoque analítico, se llevará a cabo una evaluación crítica de la Ley N. 9699. Esta evaluación busca identificar posibles disfunciones en relación con los principios generales del derecho penal, así como las contribuciones doctrinales que han surgido en torno a este tema en particular. Además, se realizará una comparación con la normativa internacional pertinente para comprender cómo se posiciona Costa Rica en el contexto global en lo que respecta a la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos de corrupción y soborno. Los resultados de esta investigación no solo serán de interés académico, sino que también proporcionarán información valiosa para la formulación de posibles propuestas de reforma a la Ley N. 9699. La legislación debe evolucionar y adaptarse a las cambiantes realidades sociales, económicas y éticas, y esta investigación servirá como un insumo esencial para el debate legislativo y la mejora continua del sistema jurídico costarricense. La promulgación de la Ley N. 9699 marca un hito importante en la modernización del sistema jurídico de Costa Rica. Al permitir la imposición de sanciones a las personas jurídicas, se reconoce la necesidad de una mayor responsabilidad en el ámbito empresarial y legal. No obstante, este avance conlleva la responsabilidad de garantizar que la ley esté alineada con los principios fundamentales del derecho penal y que respete los estándares internacionales aplicables. Además, se debe llevar a cabo un análisis detallado de posibles cuestionamientos constitucionales que puedan surgir en relación con esta nueva legislación. En última instancia, se busca asegurar que Costa Rica cuente con un marco legal sólido y equitativo para abordar los desafíos de la corrupción y otros delitos en el futuro.